Llegar a un acuerdo y que se desconvocaran los paros que están amenazando la cadena de abastecimiento del país. Ese era el doble objetivo que el Gobierno se había prometido cumplir este jueves. Sin embargo, aún no han conseguido ninguno de los dos propósitos. Y es que, pese a celebrar una maratoniana reunión con los representantes mayoritarios del sector de transportes, el Ejecutivo no ha logrado un pacto que contente a las asociaciones ni que logre que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional -no citada al encuentro- desconvoque las protestas, que este viernes se celebrarán por duodécimo día consecutivo, incluida una manifestación en Madrid. Además, pretenden ser recibidos por el Gobierno, que se niega.

«Espero que se llegue a un acuerdo, hay voluntad», decía la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya en su propio Ministerio a última hora del día en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE. Visiblemente cansada, aseguraba que la voluntad del Gobierno «estaba clara» y pasaba por «encontrar una respuesta adecuada a la altura de la situación difícil«.

No obstante, esa solución no ha llegado todavía tras doce horas de reunión, ya que las negociaciones comenzaron a las 11.30 horas con la propia Calviño y las responsables de Hacienda y de Transportes, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, respectivamente, en un lado de la mesa y miembros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), representante de las asociaciones mayoritarias de transportistas, como son CETM, Fenadismer, ACTE, Anatrans, Astic, Atfrie, Feintra, Feteia, Fetransa, Fitrans, FVET y UNO, en el otro. 

Ni rastro, eso sí, de la plataforma convocante de los paros, a quien el Ejecutivo sigue sin reconocer como interlocutor válido (su argumento es que la representación en la CETM se renovó en diciembre y no consiguieron entrar). «Estamos hablando con los interlocutores adecuados«, aseguró Calviño. Eso sí, la vicepresidenta sí siguió la línea marcada desde el Gobierno en los últimos días bajo la que han matizado el cartel de grupo de «ultraderecha» que les colgaron los primeros días de paro. «A mí no me consta que el Gobierno haya dicho algo así», defendió la responsable de Asuntos Económicos una semana después de que la ministra de Transportes dijera que los convocantes de las protestas eran «grupos apoyados por la ultraderecha que utilizan la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones”.


Gasolinera de Repsol

Así, las negociaciones en el Ministerio de Transportes versaban sobre la cantidad de dinero por litro de gasoil a bonificar y durante cuánto tiempo. La horquilla que ofrece el Gobierno se sitúa entre 15 y 30 céntimos por litro, una ayuda que se abonaría al momento. Para ello, el Gobierno propone movilizar alrededor de 500 millones de euros, una cantidad que Sánchez pactó con la CNTC el pasado lunes en otra reunión con el sector. Eso sí, esa cantidad tampoco era este jueves aceptada por todas las partes, pues había voces que solicitaban aumentar el gasto público hasta los 1.000 millones de euros para que la ayuda se pudiera alargar durante más tiempo. Para que sea efectiva, el Gobierno también se abre a limitar el precio del carburante.

El pasado lunes también se pactó el cambio del sistema de devolución del gasóleo profesional. Según fuentes del ministerio, en la actualidad a los transportistas les devuelven alrededor de 50 céntimos por cada mil litros cada tres meses. Sin embargo, Transportes acordó con la CNTC rebajar ese plazo a un mes. Asimismo, se publicará el índice de variación del precio del gasóleo profesional, lo que dará al sector «una mayor certidumbre a la hora de prever los precios».

No habrá rebaja impositiva

Otro de los puntos en los que las partes están de acuerdo es en que no habrá rebajas impositivas al sector. Los transportistas creen que no tendría mucho efecto sobre el precio y el Gobierno argumenta que los tipos impositivos ya son lo suficientemente bajos y tienen poco margen para rebajarlos aún más.

Actualmente, el impuesto a los hidrocarburos es ya prácticamente el mínimo que permite la normativa europea y el IVA ya se lo pueden desgravar los transportistas siempre que facturen la actividad. «Bajar impuestos no sería una solución», argumentó Calviño, que insistió en que «los impuestos de los carburantes son de los más bajos de Europa y los transportistas nos han dicho que la solución no pasa por una rebaja del IVA».

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