Cada una de las escuelas de Catalunya podrá decidir en qué proporción usa el castellano en las clases, aunque el catalán seguirá siendo la lengua vehicular. Así lo establece una proposición de ley que registraron ayer en el Parlament el PSC, ERC, JxCat y En Comú, tras llegar a un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998, aunque horas después Junts se desmarcó y pidió forjar un «nuevo consenso» ante las presiones recibidas por parte del independentismo. Ese giro de los postconvergentes molestó a ERC, que acusó a Junts de «irresponsable» por «dinamitar» el acuerdo por «motivos partidistas».

El pacto pretende preservar el modelo de escuela catalana sin chocar con las resoluciones judiciales y se produjo a un día de que este viernes venza el plazo para cumplir la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.

El acuerdo, que modifica el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística, establece que el castellano debe ser usado «en los términos que fijen los proyectos educativos de cada centro». «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», plantea la propuesta.

Esta, que los grupos impulsores quieren que sea tramitada en lectura única y por el procedimiento de «urgencia extraordinaria» en el Parlament, también apunta que tanto el castellano como el catalán deben «tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro». Añade que no es posible «expedir el título de graduado en educación secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos» de ambas lenguas «propios de esta etapa».

También hay una referencia a los alumnos de la comarca del Aran, sobre los que se señala que «tienen el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y escrita la lengua propia de este territorio al finalizar la educación obligatoria».

PSC, ERC, los comuns y Junts afirmaron este jueves–antes del paso atrás de estos últimos– en un comunicado conjunto que su propuesta garantiza «el dominio de las lenguas oficiales, con el catalán como centro de gravedad». También subrayaron que «los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales». Por su parte, el Govern consideró que esta modificación es complementaria al decreto que prepara la Generalitat para desarrollar el título segundo de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), de forma que no haya que aplicar porcentajes en el aprendizaje del catalán y el castellano. También la CUP registró en solitario otra proposición de ley para modificar la LEC con el objetivo de blindar el catalán como «la única lengua vehicular». Los anticapitalistas consideran «preocupante» la modificación que han propuesto los otros grupos y critican el «inmovilismo» del Govern.

El acuerdo llegó un día después de la huelga educativa contra la sentencia del 25% de castellano, que tuvo escaso seguimiento (6,49% de los profesores de centros públicos y el 4,21% en los concertados, según Educació).

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