La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que el Gobierno va a revisar la fiscalidad de los productos y sectores más afectados por la inflación. En una línea similar a la expresada el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montero ha dicho que el Ejecutivo va a estudiar un paquete de medidas, de las que algunas pasan por «revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores o productos claramente impactados por el incremento de la inflación».

Preguntada sobre si entre esos productos y sectores a los que se pretende bajar impuestos se encuentran la gasolina y el diésel, Montero se ha limitado a decir que no pretende «anticipar ninguna medida sin hacerlo en acuerdo y pacto con los sectores y las formaciones políticas que tienen que acompañar al Gobierno».


Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Varios sectores -especialmente los transportistas- han pedido al Gobierno en los últimos días que intervenga para bajar los precios de los hidrocarburos. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), lanzó un comunicado el viernes pasado en el que reclamaba «una acción inmediata del Gobierno» para limitar los precios del combustible mientras dure la situación actual.

No en vano, casi la mitad del precio de venta de gasolina y diésel procede del 21% de IVA que grava estos combustibles y al impuesto especial sobre los hidrocarburos. Según datos del portal especializado dieselgasolina.com, el 43% del precio de la gasolina 95 procede de impuestos, otro 18% es el margen que se llevan las empresas comercializadoras y el 39% restante refleja el coste de las materias primas -en este caso el petróleo y derivados-. En el caso del diésel, la carga impositiva es algo menor (38%), pero la materia prima es algo más cara.

Beneficios caídos del cielo

La ministra Montero ha defendido también la importancia de «gravar los beneficios caídos del cielo» de las eléctricas, de los que ha dicho «no tienen ningún tipo de justificación», para repercutirlos en favor de los consumidores, ya sean domésticos o industriales. La ministra ha llamado a «seguir profundizando» por la vía de la regulación en este sentido.


El presidente Pedro Sánchez junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

De esta forma, la responsable de Hacienda ha recogido el guante que le ha lanzado esta mañana el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, que ha planteado que «podrían aumentarse los impuestos» a las eléctricas para canalizar esos beneficios extra que están obteniendo las eléctricas gracias al diseño marginalista del mercado. Montero ha sostenido que hay «diferentes formas de abordar estos beneficios» y que el Gobierno ha optado por la vía «de la regulación» en lugar de aumentar impuestos.

En las circunstancias actuales, los precios a los que se paga la electricidad en el mercado mayorista -que es al que acuden las eléctricas para luego vender a consumidores y empresas- dependen por completo de lo que marque el gas, que lleva meses registrando precios muy por encima de lo normal antes de la crisis pandémica. El encarecimiento del gas ha generado importantes beneficios a las grandes eléctricas, para quienes las centrales de ciclo combinado -las que emplean gas para producir electricidad- suponen una pequeña parte del mix que producen (a excepción de Naturgy).

El Ejecutivo ya aprobó el pasado octubre un decreto para recortar los ingresos extraordinarios que reciben las centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables por el precio del gas. Sin embargo, poco después suavizó la medida, limitando su alcance.

 

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